Gobernadores con blindaje

Gobernadores con blindaje

En Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, los gobernadores realizan cambios en el aparato de gobierno con el fin de protegerse o blindarse una vez concluida su gestión

El PRI parece no percibir el hartazgo social que se vive en el país

Por: Noé Ramírez Montaño

El pasado 5 de junio se presentaron una serie resultados electorales desfavorables para el Partido Revolucionario Institucional (PRI), particularmente en tres estados cuyos gobernadores han sido acusados por estar involucrados en asuntos de corrupción: Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua. Respectivamente Javier Duarte, Roberto Borge y César Duarte deberán entregar próximamente la administración estatal a la oposición, sin embargo, en los últimos meses estos mandatarios han emprendido una serie de cambios en el aparato de gobierno con el fin de protegerse o blindarse una vez concluida su gestión. Es en este sentido que han sido realizados una serie de señalamientos por parte de la oposición, la cual busca que los mencionados gobernadores rindan cuentas por sus actos ante la justicia.

En el caso de Veracruz, Javier Duarte creó en junio la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, la cual depende la Fiscalía General del Estado. El fiscal será designado por el congreso estatal para un periodo inamovible de 5 años y entre los aspirantes parece tener ventaja Francisco Portilla Bonilla, quien es señalado por ser cercano a Duarte. Ahora, en el caso de Quintana Roo, Roberto Borge impulsó la creación de la Fiscalía General, un organismo constitucional autónomo. Ya el 25 de junio fue designado Carlos Arturo Álvarez Escalera como fiscal, así también Javier Félix Zetina González como auditor superior; ambos personajes están vinculados al grupo político del actual gobernador. Por último, en Chihuahua, César Duarte creó la Fiscalía Especializada Anticorrupción cuyo titular será nombrado en recta final del presente mandato.

Dados estos mecanismos de blindaje establecidos de última hora, resulta preciso cuestionarse el porqué de dichos movimientos. Es decir, es necesario tener una mirada crítica ante estas maniobras pues tienen un propósito distinto al verdadero combate a la corrupción. Aunado a lo anterior, hay que recordar que hace poco el Congreso de la Unión con mayoría priista no aprobó el Sistema Nacional Anticorrupción como se había planteado desde la iniciativa ciudadana, de tal manera que el PRI parece no percibir el hartazgo social que se vive en el país.

Finalmente, es claro que el PRI-gobierno, tanto a nivel estatal como federal, no tiene intención alguna de modificar su modo de operar, ya que sus prácticas de corrupción siguen siendo recurrentes y cínicas. Parece, pues, que estos gobernantes continúan optando por la opacidad y la impunidad a pesar de las consecuencias electorales que eso pueda producir. Y es que los resultados del 5 de junio son una clara muestra de que la ciudadanía en buena parte del país ya está irritada y cansada de la profunda corrupción persistente en diversos gobiernos estatales. Sin embargo, el PRI parece nunca reaccionar ante estos llamados de atención y habrá que ver qué tanto le afecta para el proceso electoral de 2018.

Vanguardia digital

 

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