Análisis a fondo: Fuerzas de seguridad, con permiso para matar

Indiscriminado y extrajudicial uso de la fuerza

Veracruz es un gran ejemplo del estado fallido

Por: Francisco Gómez Maza

Una de las profundas causas del enojo social, por las cuales las mayorías odian a la clase política priista, a los gobernantes, al presidente de la República, es el manejo de las políticas de seguridad pública. Veracruz es un gran ejemplo del estado fallido y no quisiera pensar o creer que con autoridades cómplices de la delincuencia con permiso para matar.

La inseguridad pública, los asesinatos, la tortura para obtener confesiones, la violencia de las fuerzas de seguridad contra la ciudadanía, son pretexto de perseguir a criminales y narcotraficantes tienen hartos a los mexicanos.

Muchos tienen un familiar, un hijo, un hermano, un amigo, un conocido en una cárcel clandestina, en una fosa común, en un cementerio perdido, en el panteón; muerto luego de ser torturado bajo sospecha de ser miembro de una banda de narcoguerrilleros.

En los últimos nueve años, desde diciembre de 2006, cuando el gobierno mexicano desplegó por primera vez a las Fuerzas Armadas federales para luchar contra el crimen organizado, hasta diciembre de 2015 han sido asesinadas más de 150 mil personas en todo el país y ha sido desaparecida de manera forzosa una cantidad incuantificable de personas, señala el informe Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México, que elaboraron la Open Society Justice Initiative y cinco organizaciones mexicanas de derechos humanos independientes, y que publica este martes el periódico mexicano El Universal.

El documento, en el cual participaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, I(dh)eas Litigio Estratégico en Derechos Humanos, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, señala que en México la tortura es una práctica generalizada en la policía, las Fuerzas Armadas y los fiscales para obtener confesiones y testimonios que se siguen tomando como evidencia.

El incremento en el número de asesinatos y desapariciones forzadas se debió a la violencia del crimen organizado y a la estrategia de seguridad del Estado, que recurría excesivamente al uso indiscriminado y extrajudicial de la fuerza. “El gobierno federal de México se ha propuesto una meta legítima: someter al crimen organizado. Sin embargo, lo ha hecho mediante una política que implicó el despliegue de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, y el uso de una abrumadora fuerza extrajudicial contra la población civil supuestamente asociada con los cárteles delictivos, sin una regulación adecuada del uso de la fuerza y prácticamente sin ningún tipo de determinación de responsabilidades por los abusos resultantes”.

El documento reporta avances en cuanto a reformas institucionales importantes como la transformación que se dará en 2018 de la Procuraduría General de la República (PGR) en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual será liderada por un fiscal general que ocupará su posición durante nueve años y cuyo nombramiento y destitución serán potestad no solo del presidente, sino también del Senado.

El informe reconoce la aportación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para saber y resolver determinados casos y por haber limitado el uso de los que califica como “deficientes” tribunales militares. De la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señala que cuenta con un presupuesto aceptable; sin embargo, sus facultades son limitadas y su liderazgo es débil aparentemente por motivos políticos.

Open Society Justice Iniciative afirma que en seis años, se registraron cuatro mil denuncias de tortura cometida por militares o agentes del MP; pide la creación de un organismo internacional de investigación. La organización Open Society Justice Iniciative recomendó al gobierno mexicano que establezca medidas de mediano plazo para retirar a las fuerzas armadas de las corporaciones de seguridad pública; la creación de un organismo internacional de investigación con sede en México que presente e investigue casos de crímenes atroces y casos de gran corrupción; además de equipos autónomos integrados para investigar desapariciones, y de servicios forenses y de protección a testigos.

Durante la presentación de su informe “Atrocidades innegables. Confrontando crímenes de lesa humanidad en México”, Open Society Justice Iniciative señaló que esto es necesario porque existe una política del Estado Mexicano para obstaculizar las investigaciones que lleva al cabo sobre casos de desapariciones forzadas, asesinatos o tortura, al “minimizar” y “negar” la magnitud de los delitos que se cometen en México contra la población civil, pero también por una política deliberada de no investigación y no resolución de los casos.

“La conclusión principal del estudio es que existe un fundamento razonable para creer que las fuerzas federales del gobierno y también del cartel del narcotráfico de Los Zetas han cometido crímenes de lesa humanidad, específicamente asesinatos, desapariciones forzadas y tortura”, señaló el director de Open Society James Goldston.

Entre 2009 y 2015 ha habido en México cuando menos 4 mil denuncias de tortura cometida por militares o agentes del Ministerio Público, denunció la organización. Además existen 580 mil secuestros en el país entre 2007 y 2014, de los cuales una cantidad que no se ha definido se trata de desapariciones forzadas perpetradas por el gobierno, que han sido “erróneamente consignadas como secuestros”.

“En febrero de 2015, la información del gobierno señalaba que se han abierto únicamente 313 averiguaciones federales y realizado 13 condenas, lo que comprueba la complicidad del gobierno con respecto al crimen de desaparición forzada. A pesar de que muchos casos de desapariciones forzadas perpetradas por las fuerzas militares han sido documentados, hasta agosto de 2015, únicamente se había condenado a un solo soldado por dicho crimen“, señala el reporte.

Hasta el momento, el número de recomendaciones que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el tema han sido 44 para la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), 16 para la Marina, 14 contra la Secretaría de Seguridad Pública, y seis contra la Procuraduría General de la República (PGR).

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